Asia

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23 de junio de 2012 • 09:23

Nuevo primer ministro paquistaní inicia un mandato lleno de incertidumbres

El nuevo primer ministro de Pakistán, Rajá Pervez Ashraf, se ha puesto manos a la obra para afrontar junto a su nuevo Gabinete un mandato que apenas durará medio año pero que se presenta lleno de escollos, especialmente en el ámbito doméstico.

El jefe del Ejecutivo juró su cargo el viernes y este sábado, tras una sencilla ceremonia en la que será su nueva residencia oficial, ha empezado su labor para intentar despejar todas las reservas que suscita su nombramiento.

Una de las mayores incógnitas es cómo se enfrentará a la crisis energética del país, ya que para muchos paquistaníes el nuevo primer ministro encarna la ineptitud del Gobierno para paliar un déficit que se ha convertido en la mayor preocupación a corto plazo.

El jefe de Gabinete convocó este mismo sábado una reunión de responsables ministeriales de Energía para, según el diario local Dawn, tomar medidas de emergencia que puedan ampliar el estrecho margen de confianza con el que cuenta el nuevo Ejecutivo.

Ashraf fue ministro de Energía en el equipo del destituido Yusuf Razá Guilani y no solo se mostró incapaz de acabar con los continuos y prolongados cortes de luz, sino que se vio envuelto en un escándalo de corrupción por el alquiler de plantas eléctricas.

Diversos medios y analistas locales tacharon de incomprensible la decisión del gobernante Partido Popular (PPP) de impulsar la candidatura de un político relacionado con dos temas que preocupan mucho en la calle: la falta de energía y la corrupción.

"Si algo dominará los próximos comicios (que se celebrarán antes de fin de año) es la crisis energética. Justa o injustamente, Ashraf es el rostro de la mala gestión en ese tema", escribía este sábado el analista Gibran Peshimam en el diario Express Tribune.

Otro frente que debe encarar el nuevo jefe del Ejecutivo es el acoso judicial a la corrupción en el seno del poder Ejecutivo por parte de la judicatura y en especial del Tribunal Supremo (TS), con el hiperactivo juez Iftijar Chaudhry a la cabeza.

Mientras la designación de Ashraf era votada en la Asamblea, el Supremo recordaba que reanudará el próximo viernes las vistas sobre casos de corrupción reabiertos en 2009 tras derogarse una amnistía promulgada dos años antes por el exdictador Pervez Musharraf.

Uno de esos expedientes implica al presidente Asif Alí Zardari por blanqueo de dinero en Suiza y provocó indirectamente la inhabilitación del anterior primer ministro, quien se negó a pedir a las autoridades helvéticas que reactivaran el caso.

Pocos dudan de que el TS tardará poco en pedir a Ashraf que haga lo que su antecesor rehusó, con lo cual puede repetirse el episodio de la inhabilitación.

Por si fuera poco, un portavoz del organismo que controla la transparencia de la administración ha advertido este sábado que sigue abierta la investigación sobre el caso de corrupción que pesa sobre el nuevo jefe de Gobierno en relación a las plantas eléctricas.

Todos estos desafíos inmediatos se suman al delicado equilibrio político de una coalición parlamentaria que, a pesar de garantizar una holgada mayoría en la Asamblea, condicionan mucho la tarea de Gobierno.

El principal aliado del PPP, la Liga Musulmana, ha cobrado caro su apoyo en un momento tan delicado para el partido gobernante; la formación ha logrado el sillón de viceprimer ministro y espera copar una quincena de carteras en un Gabinete que ahora tiene 37 miembros.

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