El Congreso de Guatemala aprobó un decreto este jueves donde ratifica el Estatuto de Roma (1998), con el cual el país se adhiere a la Corte Penal Internacional (CPI), informó el presidente del legislativo, el oficialista Gudy Rivera.
La medida implica que Guatemala admite que la CPI pueda juzgar delitos de lesa humanidad, de guerra y genocidio sin efecto retroactivo.
La Corte de Constitucionalidad avaló previamente la aprobación del decreto porque no roza artículos de la Constitución.
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala dijo que ahora "se acepta la competencia de la Corte Penal Internacional para investigar, juzgar y sancionar a personas responsables de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión".
"Esta Corte complementa la búsqueda de la justicia en estos graves delitos, sin sustituir la jurisdicción interna del Estado", aclaró esa dependencia en un comunicado.
"Esta aprobación no reemplaza el deber del Estado de garantizar tales derechos. Implica además, el compromiso del Estado de adoptar las medidas institucionales y legales que sean necesarias para asegurar que las violaciones graves a los derechos humanos no permanezcan en la impunidad", subrayó.
La adhesión a la CPI ocurrió solo horas después de que el ex dictador guatemalteco, Efraín Ríos Montt, de 85 años, compareció este jueves por primera vez ante la justicia para enfrentar una acusación de genocidio perpetrado durante su gobierno de facto (1982-1983).
Aunque declinó hablar, es la primera vez que comparece ante un juzgado, 12 días después que perdió la inmunidad que lo cubría en su condición de diputado durante el gobierno anterior, que concluyó el 14 de enero con la investidura del presidente Otto Pérez.
Según la ONU, el 98% de los casos presentados ante los tribunales en Guatemala quedan en la impunidad.
AFP - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización.
