Los funcionarios de Cataluña (noreste de España) se manifiestan este sábado para protestar contra los recortes presupuestarios decididos por el gobierno autónomo, la Generalitat, algunos de los cuales ponen en peligro la seguridad, según advirtieron algunos sindicatos.
Funcionarios de la administración regional, muchos de ellos de los servicios de seguridad, los mossos d'esquadra (policía autonómica), los guardias penitenciarios, los bomberos o agentes rurales, recorrerán calles céntricas de Barcelona.
El pasado 18 de diciembre ya tuvo lugar una manifestación similar, que agrupó a casi 20.000 personas según sindicatos y más de 11.000 según la policía.
Fuentes sindicales consultadas por AFP estimaron que este sábado podrían superar esa cifra, aunque no avanzaron una estimación precisa de la participación esperada.
El gobierno catalán dio a conocer a finales del año pasado nuevas medidas tendientes a ahorrar 1.000 millones de euros, según los cálculos iniciales, para cumplir con el déficit del 1,3% del PIB sin hacer nuevos recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Se subieron las tasas universitarias, el precio del transporte público y el del servicio de agua corriente, entre otras medidas.
Actualmente se encuentra en debate parlamentario el presupuesto para el 2012, que prevé un déficit del 1,3%, es decir 2.740 millones de euros. Reduce un 0,7% el gasto no financiero y los ingresos crecerán a través de un aumento de los impuestos, nuevas tasas y privatizaciones.
Según la presentación realizada ante el Parlamento catalán, estos ajustes "en los gastos de los trabajadores públicos ayudan a mantener la calidad de los servicios públicos".
Pero los sindicatos argumentan que los recortes "no sirven para crear empleo ni reactivar la economía y empeoran la calidad de los servicios públicos".
David Miquel, portavoz del sindicato policial catalán (Spc), dijo a AFP que "hay un coctel explosivo", advirtiendo que "falta material y vehículos", hasta el punto que se dan casos de actuaciones que no pueden realizarse porque "no hay vehículos".
También Antonio Castejón (SME, sindicato mossos d'esquadra) denunció que la flota de vehículos se reducirá este año en 500 unidades (pasará de 3.500 a 3.080) y que la inversión en combustible bajará un 40 %, "lo que se traducirá en una presencia limitada de las patrullas policiales".
También los funcionarios de prisiones advierten sobre los efectos negativos que pueden tener los recortes en un momento en que "a veces somos dos agentes para 500 internos", según ilustra Albert Antón, delegado de los guardianes en las últimas negociaciones.
Los penitenciarios votarán el 8 de febrero próximo un referéndum para decidir sobre el preacuerdo al que llegaron el pasado 21 de enero con la Consejería de Justicia de la Generalitat, después que el algunos miembros del colectivo bloqueara durante horas la entrada a algunas prisiones.
El preacuerdo prevé elaborar un nuevo convenio laboral, que incluye rebajas salariales y de días festivos, tras más de ocho horas de negociación.
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