Europa

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05 de octubre de 2011 • 10:20

Gato de boliviano provoca polémica entre los conservadores británicos

 

La historia de un indocumentado boliviano que supuestamente no pudo ser expulsado del Reino Unido porque tenía un gato ha provocado una inesperada polémica entre los conservadores británicos en torno a la legislación sobre derechos humanos.

En su discurso ante el congreso anual de su partido en Manchester (noroeste de Inglaterra), la ministra del Interior Theresa May citó el caso de este boliviano amenazado de expulsión años después de haber ingresado como estudiante en el Reino Unido, para ilustrar su oposición a la Ley de Derechos Humanos británica vigente desde 2000.

"El inmigrante ilegal no pudo ser deportado porque -no me lo estoy inventando- tenía un gato", dijo May, cuyo ministerio está encargado de cumplir la promesa gubernamental de llevar el saldo neto anual de inmigrantes extracomunitarios de 220.000 antes de su llegada al poder en mayo de 2010 a sólo "algunas decenas de miles" al final de la legislatura en 2015.

Pero su afirmación fue disputada públicamente minutos después desde la misma tribuna por el titular de Justicia, Kenneth Clarke, quien dijo dudar de la exactitud de la historia e incluso se mostró dispuesto a apostar con ella al respecto, suscitando rápidamente lo que la prensa bautizó como el "Catgate".

La Oficina Judicial difundió posteriormente un comunicado en el que aseguró que el gato, que según la prensa responde al nombre de Maya, "no tuvo nada que ver con la decisión" de permitir que el hombre permaneciera en el país cuando se emitió el fallo a finales de 2008.

La prensa se hizo eco del caso al año siguiente, cuando al rechazar la apelación interpuesta por el ministerio del Interior, la jueza de inmigración encargada del caso bromeó con que el gato "ya no necesitaría temer por tener que adaptarse a los ratones bolivianos".

El abogado del boliviano, Barry O'Leary, dijo entonces que el hecho de que su cliente "poseía un gato" con su novia desde hacía varios años fue sólo uno de los "numerosos detalles" que presentó para demostrar la estabilidad de su relación sentimental y argumentar así su derecho a una vida familiar.

Este derecho está contemplado en el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, de la que la Ley de Derechos Humanos británica no es más que una adaptación a la legislación local que May y otros miembros conservadores del gobierno quieren derogar, en contra de la opinión de sus socios de coalición liberaldemócratas.

El ministro de Relaciones Exteriores, William Hague, trató de restar importancia este miércoles a la polémica entre sus dos compañeros de gabinete, insistiendo en que ambos estaban "en la misma sintonía" con respecto a la ley.

"Si unas palabras diferentes sobre un gato son lo peor que ha pasado esta semana, quiere decir que las cosas globalmente han ido bien", bromeó en el último día del congreso del Partido Conservador.

Y dirigiéndose a los extranjeros a los que la historia de Theresa May pudiera haber dado ideas, agregó: "Sería un error que esta gente fuera y comprara gatos. Tal vez encuentran que no todos los casos son iguales".

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