SANTIAGO.- El próximo lunes, concejales de Ñuñoa recurrirán al Tribunal Regional Electoral para solicitar la inhabilidad para ejercer el cargo del alcalde Pedro Sabat, pues consideran que el “descontrol” del edil “parece ser una norma habitual de conducta que podría dejar entrever una situación de carácter patológico”.
En la declaración, los concejales Jaime Castillo (DC), Pablo Vergara (PPD), Maya Fernández (PS) y Manuel Guerreo (Juntos Podemos), sostienen que “los vecinos y vecinas de Ñuñoa y la ciudadanía en general, han sido testigos estupefactos de sus exabruptos y del menosprecio que siente por las alumnas del Internado Nacional Femenino que apoyan el movimiento estudiantil”.
En el comunicado los ediles afirman que el alcalde Sabat “las ha ofendido en su condición de estudiantes y mujeres calificándolas de “putas” y “tontas”. Igualmente mencionan que la autoridad comunal agredió verbal y físicamente a vecinos, como al camarógrafo Jame Díaz y a la concejala de Renovación Nacional Claudia Vera, “a los concejales suscritos” y recientemente “a la presidenta comunal Ñuñoa del Colegio de Profesores, Alejandra Placencia”.
A juicio de los concejales que firman la declaración, “esta característica agresiva y de descontrol parece una norma habitual de conducta que podría dejar entrever alguna situación de carácter patológico. El mismo se ha encargado de declararlo en privado y abiertamente, También en los tribunales”.
Los concejales se preguntan si es normal la conducta o si se está frente a una situación de desequilibrio.
Ante ello es que “queremos dilucidar recurriendo al Tribunal Regional Electoral para que en mérito de ello, luego de evaluar el comportamiento psicológico de Sabat, se pronuncie sobre la inhabilidad para ejercer el cargo de alcalde”, aseveran en el texto.
En la solicitud, los concejales pedirán que el Tribunal regional Electoral indague sobre el cumplimiento de Sabat de preceptos establecidos en la Ley de Probidad Administrativa “ que señala que no podrá desempeñar funciones de directivo superior de la Administración del Estado, quien ‘tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales”, culmina la declaración.
- Terra
